Análisis crítico del tratamiento penal del delito de tráfico de influencias simulado en el derecho peruano: la protección de la confianza pública como bien jurídico

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Nathalie Betsy Ingaruca Ruiz

Resumen

La tipificación penal del tráfico de influencias simulado ("vendedor de humo") en el Perú enfrenta una serie de cuestionamientos sobre su legitimidad dogmática al no existir una afectación material directa dentro del desarrollo de la función pública, lo que genera un debate sobre la proporcionalidad de su sanción. 


Es así que la presente investigación analiza la justificación dogmática y político-criminal de esta figura delictiva, examinando como uno de los pilares la protección de la confianza pública como bien jurídico autónomo frente a fenómenos de corrupción simbólica que viene desarrollándose. 


Se utilizó una metodología dogmática-jurídica, mediante un análisis normativo, doctrinal y jurisprudencial, examinando la aplicación del artículo 400 del Código Penal peruano y los criterios emitidos por la Corte Suprema.  Siendo como consecuencia de la investigación determinar que la conducta analizada es típicamente relevante no por un daño fáctico, sino por su carácter estructural. Al ser un delito de mera actividad, es así que el reproche penal se sustenta en la necesidad de proteger la integridad institucional y la probidad administrativa, superando las nociones tradicionales de la corrupción sistémica. 


Concluyendo que el tráfico de influencias simulado constituye un mecanismo preventivo esencial para salvaguardar la legitimidad democrática. Siendo importante que su sanción es imperativa en contextos de alta desconfianza ciudadana, siendo necesario clarificar la impunidad del "comprador de influencias" para una aplicación coherente del tipo penal.

Detalles del artículo

Biografía del autor/a Ver

Nathalie Betsy Ingaruca Ruiz

Nathalie Betsy Ingaruca Ruiz es una destacada abogada peruana, magíster en Gestión y Administración de la Educación (UNFV) y máster en Gerencia Pública (USMP). Cuenta con estudios de maestría en Derecho Procesal y una certificación con el primer puesto en Integridad y Lucha contra la Corrupción por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

A lo largo de su sólida trayectoria en el sector público, ha asumido cargos de alta dirección y asesoría estratégica, entre los que destacan los de Secretaria General, Directora General y Oficial de Integridad de la Academia de la Magistratura (AMAG), así como Directora General de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República y Jefa de Gabinete del Poder Judicial. Recientemente, se ha desempeñado como Consultora Asesora en Gestión Administrativa para el Ministerio de Salud. 

En el ámbito académico, posee una amplia experiencia como docente universitaria en pregrado y posgrado en instituciones como la Universidad de San Martín de Porres y la Escuela de Administración Pública (SERVIR), dictando materias ligadas a la gestión estratégica, la ética y el derecho administrativo. Como investigadora, es miembro del Centro de Estudios en Gestión Pública de la USMP, exdirectora de la Revista de Investigación de la AMAG, autora de artículos sobre modernización del Estado y coautora del Código de Comportamiento Ético de la República Dominicana (2025).

 

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